Hacinamiento carcelario, el castillo de naipes sobre el que agoniza la vida de los presos en Medellín
Ocho internos han muerto en lo que va de 2014 en la cárcel Bellavista, de Medellín. Cuatro de ellos fallecieron en menos de 15 días y aunque todos los casos se dieron por problemas de salud, ésta a su vez no es más que un efecto del fenómeno que puso en jaque al sistema penitenciario de Colombia: el hacinamiento carcelario, que en dicha prisión ya sobrepasó el 200 por ciento convirtiéndola en el penal más sobrepoblado del país después de la de Riohacha.
Este tipo de estadísticas convierten a Colombia, según Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial Antioquia, en un Estado policivo que no cuenta con una política criminal por la falta de articulación entre los entes que la componen y ello se ve reflejado en los proyectos de ley que se aprueban. “Una verdadera política criminal tiene que pensar las situaciones, reflexionar por qué los delitos son delitos, cuáles vale la pena condenar con privación de la libertad y cuáles no”, asegura.
En esto parece estar de acuerdo el director de la cárcel Bellavista, Teniente Manuel Flórez Silva, quien no trató de justificar los evidentes problemas que tiene el centro de reclusión que dirige y argumentó que el sistema carcelario del Estado debe cambiar porque de momento casi todos van a la cárcel. “Hace pocos días conocí el caso de un joven de 19 años que fue encarcelado por porte ilegal de armas, lo triste es que él estaba matriculado en una universidad y quién sabe cómo saldrá una vez pague la pena impuesta. Es difícil entender a la Justicia…”, sostuvo.
En Colombia el número de juzgados sigue siendo el mismo de hace diez años, lo que demuestra que a más leyes, menos jueces. En el caso particular de Antioquia hay ocho juzgados (seis de ellos en Medellín) que en promedio han recibido alrededor de seis mil procesos. Sin embargo, la abogada penalista Diana Restrepo opina que la dificultad va más allá del número de jueces: “el problema no está tanto en que se deba procesar y condenar a las personas con mayor celeridad, como en que hasta que una persona no esté condenada no debería ir a prisión, pues esto a todas luces viola un principio tan importante como la presunción de inocencia. Esta no es una ‘crisis’ sino una situación estructural que requiere cambios estructurales”.
Pero algunos sectores explican que el principal responsable de esta preocupante situación es el Estado. Carlos Contreras, defensor de los derechos humanos de los presos en Antioquia y director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, dice que el Gobierno comete el delito de omisión. “La Ley dice que el Estado colombiano tiene que sancionar a las personas, y que esa sanción tiene el propósito de resocializarlos; incluso dice cómo, pero el Estado solo los condena. ¿No será que el Estado colombiano está influyendo para que hayan más delincuentes al no cumplir con su ejercicio?”, pregunta.
Con Código Penal en mano, Contreras se refiere al artículo 4 y a las leyes 6593 de 1993 y 228 de 1995, pero la sentencia T-153 de 1998, que habla de la sobrepoblación carcelaria, dicta que este las condiciones de hacinamiento “impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión”. De allí que el Personero de Medellín, Rodrigo Ardila, sostenga que “la violación a los Derechos Humanos de los presos sea latente y de toda índole”.
En la esfera de los derechos humanos, Otálvaro también critica la falta de política criminal en el país porque ésta también “tendría que fijarse en los familiares de los presos, preguntarse si la cabeza de la familia está en la cárcel, ¿qué está haciendo la esposa o hijos para comer día a día?”.
Hace poco más de un año Eduardo García salió de la cárcel Bellavista, él sabía que era un lugar complicado para sobrevivir, no imaginó que a diario debía hacer largas filas al sol y al agua para recibir un plato de comida, y mucho menos que en ocasiones tenía que comprarla pues el último alimento se reparte a las 4 de la tarde. Y es que mientras en otros lugares de Medellín a las 5 de la mañana algunas personas duermen, los conductores de buses transportan o los celadores están a punto de terminar su turno, los presos de la cárcel Bellavista hacen fila de mínimo dos horas para recibir el desayuno.
Pasadas las 7 de la mañana, cuando por fin pueden probar bocado, un grupo del Inpec los esperan para hacer el rutinario conteo que les asegure que nadie falte. Pero más allá de pensar en cómo escapar, hay preguntas más importantes: “¿hoy dónde dormiré?”.
En teoría, la finalidad de las penas carcelarias es resocializar a los delincuentes pero en tales condiciones de hacinamiento es imposible desarrollar dichos procesos. El Teniente Manuel Flórez Silva, que llegó el 10 de Septiembre de 2012 a la dirección de Bellavista, lamenta que sólo cuente con dos trabajadoras sociales, cuatro psicólogos, una odontóloga y siete médicos que se dividen en dos turnos. Quizás la magnitud del problema se ve en su respuesta sobre el aporte que alguien que salga de la cárcel da a la sociedad: “más delincuencia”.
En las esferas políticas nacionales las problemáticas carcelarias se han debatido. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, salió al paso con varias posibles soluciones para descongestionar los centros penitenciarios como trasladar presos a cárceles menos congestionadas, crear un nuevo sistema penal y penitenciario, cambiar la política criminal, habilitar más jueces de descongestión de penas y contratar practicantes de derecho como abogados para presos.
Lo único seguro de momento es que se crearán seis mega cárceles que darán 26 mil cupos nuevos. Esta solución no convence ya que ayudaría a ampliar la delincuencia, pues las cárceles son universidades de la criminalidad por los inexistentes proyectos de resocialización, y tarde que temprano llegará el momento en que en éstas también haya hacinamiento.
En suma todos los sectores, a excepción del Estado, concuerdan en que la solución está en las leyes y hay que cumplirlas. Si bien el hacinamiento es el mayor de los problemas existentes, soluciones en la infraestructura no deben ser la única y gran solución. Hay que empezar por repensar el significado de los carcelarios en la sociedad desde sus derechos y dignidad humana, porque hasta el momento la conclusión no es otra que la dada por el congresista Iván Cepeda cuando dice que “las cárceles se han convertido en depósito de seres humanos, tratados como desechos”. Es entonces donde la pregunta de Eduardo cobra relevancia: “A nosotros nos juzga el Gobierno, y ¿a él quién?”
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